El Día de la Memoria, contra el olvido

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El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por la ley 25.633 de 2002, es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el gobierno del Estado nacional el 24 de marzo de 1976, hasta el 10 de diciembre de 1983 (Día Internacional de los Derechos Humanos). Una dictadura que no terminó porque vive en cada una de las personas desaparecidas y en cada hijo, hija, nieto y nieta que sigue buscando la sociedad argentina.

El objetivo de este día es el de construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. Es un día de la MEMORIA para contrarrestar todos los años en los que el propio Estado nacional ocultó bajo el manto del olvido y el perdón los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo argentino.

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es también para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes «comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático

En el marco de esta fecha, y sosteniendo la importancia de la Memoria, me quiero referir brevemente al caso de Natalia Denegri vs. Google, donde Denegri reclama precisamente lo contrario: el «derecho al olvido» (que en nuestro país no existe como tal y que sería más bien un derecho a la desindexación de contenidos en motores de búsqueda como Google).

Natalia Denegri logró que su pedido llegue al máximo tribunal, que deberá definir la jurisprudencia respecto al denominado «derecho al olvido».

Como relata Esteban Magnani sobre el caso: «En 2016 Denegri pidió a Google que desindexara 22 enlaces que apuntaban a notas periodísticas y videos de hace dos décadas. A mediados de los 90 Denegri se hizo conocida por participar de numerosos programas de televisión en los que se prestó al amarillismo que rodeó una denuncia a Diego Maradona y Guillermo Coppola por posesión de drogas, el caso del famoso «jarrón»».

Es decir que no se refiere a contenidos que hacen pública información privada ni datos personales de Natalia Denegri, sino a enlaces (links) que el buscador asocia el nombre y apellido de una persona con artículos periodísticos y videos de esa misma persona que se publicaron en medios de comunicación masivos y que se transmitieron en programas de televisión abierta, y por los que se hizo conocida en su juventud.

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratifica el fallo sobre lo que se conoce como «derecho al olvido», podría estar sentando un precedente muy peligroso que le abre la puerta a la censura, lo que colisionaría con el derecho a la libertad de expresión en su sentido más amplio, como lo indica el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 -uno de los principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos-:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Como dice Diego de Charras, ex-director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y profesor de Derecho a la Información, un fallo a favor del «derecho al olvido» podría sentar un precedente para que cualquier persona pueda reclamar que se elimine el acceso a su historia y, en el caso de figuras públicas, «resulta muy peligroso para el conocimiento de la sociedad de hechos que pueden ser debatidos públicamente».

Un dato sobre el caso Denegri vs. Google es que, a pesar de que los contenidos sobre los que debe fallar la Corte son de medios de comunicación, tanto periodísticos como de entretenimiento, en ningún caso se tuvo en cuenta su voz como partes afectadas si se decide «olvidar» el acceso a esos contenidos. La libertad de expresi´ón de periodistas y medios de comunicación, por un lado, y el derecho a recibir información y opiniones por parte del público en general están en juego.

En un país como el nuestro, con una historia reciente que sigue viva, hoy, más que nunca, prohibido olvidar.

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