Los datos involucrados en el episodio van desde bases de datos de empleados, registros de ingresos hasta huellas digitales e información de procesos internos.

El pasado mes de enero se conoció públicamente, mediante un hilo de Twitter en la cuenta oficial del Senado de la Nación, la noticia de que la institución sufrió un ataque informático. En aquel comunicado se anunció qué información pública de la Cámara Baja había sido encriptada, es decir que pasó a estar cifrada por ejemplo por letras, números, signos, imposibilitando el acceso a la misma, por la acción de un ransomware, su traducción en castellano sería algo así como un programa que secuestra datos. Este tipo de virus informático, en general ingresa a los dispositivos, muchas veces al descargar información de un enlace de dudosa procedencia, imposibilitando el acceso a los datos. Luego, el ciberdelincuente o grupo que esté detrás del hecho pide dinero a cambio a modo de rescate.

En consecuencia con este hecho, Vice Society, la organización delictiva que se adjudicó haber realizado el incidente, hizo pública la información en la Dark Web, ​una parte de internet que de manera intencional oculta los motores de búsqueda mediante direcciones IP enmascaradas pero que no necesariamente todo lo que circula ahí sea ilegítimo.

Mauro Eldritch, arquitecto en ciberseguridad, explicó en su cuenta de Twitter, que dentro del material que salió a la luz se pudo ver “documentos de identificación, archivos de desarrollo, claves de acceso en texto plano y música”. Además, el experto, hizo pública una entrevista que le hizo al grupo delictivo. Espacio en el cual afirmaron, entre otras cosas, que “el comienzo de todo fue en el 2021 con la pandemia y por un grupo de amigos con los que decidieron probar suerte”.

No obstante, el Estado Nacional ya tuvo en los últimos años algunos episodios similares. En el año 2020, el primer organismo que pasó por una situación similar fue la Dirección Nacional de Migraciones. Mientras que hacia finales del 2021 se realizó una denuncia desde el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) por la filtración de datos sensibles.